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editorial De Kansas a Andalucía n Estados Unidos, los ultraconservadores han conseguido en Kansas excluir la teoría de la evolución de los currículos escolares. Un disparate al que todavía no dan crédito los científicos, los educadores y la la batalla que han perdido en las instituciones democráticas ciudadanía culta, que esperan ahora vencer en los tribunales al desentenderse de la política y dejar que los fundamentalistas se hagan con el control de entes como el Consejo de Educación de Kansas. En España, los socialistas andaluces pretenden que la Sanidad pública financie las medicinas alternativas y todos los partidos políticos catalanes han hecho una piña para legalizar este tipo de prácticas; en ambos casos, el argumento esgrimido ha sido la cada vez mayor aceptación social de la acupuntura, la homeopatía y otras terapias similares. Dos muestras, una a cada orilla del Atlántico, de lo que puede llegar a ocurrir cuando la comunidad científica no participa en la vida pública y deja a los políticos las manos libres para cometer todo tipo de tropielías. Al margen de colores ideológicos, está claro que, como recientemente ha escrito Antonio Muñoz Molina, la reacción más rancia y el progresismo más ficticio hacen causa común contra el pensamiento racional. Los ejemplos del fundamentalismo protestante en Estados Unidos y de los socialistas en España resultan palmarios. Aunque los puntos de partida sean diferentes, ambas situaciones hacen que se disparen todas las alarmas. El ejemplo americano parte del integrismo religioso más recalcitrante, de una lectura literal de la Biblia y de un intento de imponer sectariamente a toda la sociedad el credo de una parte de la población por encima de la evidencia científica. Que un colectivo de bases tan irracionales como el creacionista haya logrado hacer valer su palabra de Dios en el diseño de la enseñanza pública en Kansas no es para tomárselo a broma. Significa que existe un sector de la sociedad estadounidense que no dudaría en retroceder dos milenios, volver a regirse por el dictado del Antiguo Testamento y sumir a la primera potencia del planeta en el analfabetismo científico y el oscurantismo más brutales. No es fácil que ocurra tal cosa pero la amenaza está ahí, personificada en George Bush Jr., un candidato a la Casa Blanca partidario de que en las escuelas los niños conozcan las dos teorías, el evolucionismo y el creacionismo. Por eso, es de esperar que la comunidad científica y la progresía bien entendida reaccionen en EE UU, se decidan a participar activamente en la vida pública y pongan coto a los demanes del integrismo religioso. A Darwin, le han salido en nuestro país durante este verano multitud de defensores, en forma de editorialista y articulistas que han puesto el grito en el cielo ante lo que sólo cabe interpretar como un preocupante retroceso de la racionalidad en el sistema educativo norteamericano. Sin embargo, como ya sucedió cuando salió a la luz que Ronald Reagan consultaba a una astróloga, la intelligen4 el escéptico (Primavera 1999) E Introducir terapias en la Sanidad pública por motivos electoralistas, corporativistas y empresariales es jugar con la saluda de los españoles tsia española ha visto en esta ocasión también la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio, quizás cegado por un fenómeno astronómico que puso en evicencia en agosto el eclipse de la razón en el que está sumida la Europa de la Ilustración desde hace decenios. Pocas han sido las voces que se han alzado contra quienes pueden infligir a los usuarios del sistema sanitario español un daño similar al que los creacionistas han infligido a los escolares de Kansas; contra quienes quieren incluir, entre las prestaciones de la Seguridad Social, terapias cuya efectividad no ha sido demostrada científicamente y aducen, como argumento de peso, su popularidad. Una anticientífica razón que serviría también para abrir las puertas de la financiación pública a la consulta a todo tipo de videntes. No nos engañemos, el recurso a la aceptación pública no es sino un disfraz para sacar adelante una medida electoralista de cara a la ciudadanía y muy rentable para determinados colectivos. Tras sucesivos medicamentazos en los que las arcas públicas españolas han dejado de costear determinados tratamientos y productos por su inefectividad, ahora se quiere hacer entrar por la puerta de atrás a unas terapias que no han demostrado nada, pero que mueven enormes cantidades de dinero. El aval con que cuentan las llamadas prácticas alternativas por parte de algunos colegios de médicos y farmacéuticos y de universidades es consecuencia de que se han convertido en la salida laboral de muchos licenciados; mientras que, en el plano político, resulta difícil desligar los intereses de la poderosa industria farmacéutica del hurto a la sociedad de un debate que debe ser exclusivamente cientifico. Introducir terapias en la Sanidad pública no por criterios científicos, sino por motivos electoralistas, corporativistas y empresariales, es jugar con la salud de la población. Todavía estamos a tiempo de que la comunidad científica se movilice para evitar que nos ocurra algo parecido a lo sucedido en Kansas, para que el debate sobre las medicinas alternativas se sitúe en sus justos términos, los científicos, y para que la racionalidad no sea sacrificada a los intereses de lobbies empresariales y colectivos profesionales. Lo contrario sería echar a la ciencia de nuestra Sanidad.